La formulación de políticas diseñadas para conservar y mejorar el medio ambiente de trabajo y el entorno general constituye una condición previa del éxito de la gestión del medio ambiente. Sin embargo, un documento de política es un papel mojado a menos que se aplique, y su aplicación sólo es posible mediante la traduc- ción de los principios políticos en normas legales. Desde esta perspectiva, el derecho está al servicio de la política, a la que aporta concreción y una cierta permanencia a través de una normativa adecuada.
Por su parte, la legislación es un simple marco que sólo resulta útil se si cumple y ejecuta. A su vez, el cumplimiento y ejecución de la ley son una función del contexto sociopolítico en que se producen. Sin el apoyo del público, las leyes se convierten por regla general en letra muerta.
Por consiguiente, la promulgación, observancia y ejecución de la legislación ambiental es, en gran medida, una función del grado de conocimiento y aceptación de las normas por aquéllos
a quienes van destinadas, de lo que se infiere la importancia de difundir los conocimientos y la información ambiental, tanto entre los estamentos a los que van dirigidos, como entre el público en general.
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