Ante todo, debe subrayarse la existencia de un problema fundamental que condiciona prácticamente todas las discu- siones sobre la política ambiental: el de cómo compartir equitativamente los costos y beneficios de la política ambiental. “¿Quién ha de costear la mejora del medio ambiente?” Es un asunto que ha de discutirse y resolverse a todos los niveles, desde los puntos de vista del consumidor, los trabajadores y los empleadores, y desde la perspectiva de las instituciones locales, nacionales, regionales e internacionales. Para la OIT, las repercusiones sociales y humanas de cómo se compartirán los costos y beneficios de la política ambiental en cada país y entre los diferentes países pueden ser tan importantes como la misma política ambiental. Una injusta distribución de los costos y beneficios socioeconó- micos y ambientales del desarrollo, dentro de cada país y entre los diferentes países, no puede llevar a un desarrollo duradero general. Por el contrario, acentuaría la pobreza, la injusticia y la división.
En el pasado y, aún con demasiada frecuencia en nuestros días, los trabajadores se han visto obligados a soportar una parte desproporcionada de los costes sociales del desarrollo económico en forma de condiciones deplorables de salud y seguridad (como el trágico incendio de Kader Industrial Toy Company en Tailandia, que se cobró la vida de 188 trabajadores), unos sala- rios inadecuados (que suponen unos ingresos insuficientes para satisfacer las necesidades familiares básicas de alimentación, vivienda y educación), la denegación de la libertad de asociación e, incluso, la pérdida de la dignidad humana (tipificada en el recurso del trabajo forzado infantil). Del mismo modo, los trabajadores y sus comunidades locales han tenido que soportar buena parte de los costes, tanto de la degradación progresiva del medio ambiente, como del cierre de fábricas por considera- ciones ambientales. Tampoco hay que perder de vista que, mien- tras que la atención de los países industrializados ha estado centrada en evitar que la promulgación de leyes y reglamentos de protección ambiental provoque la destrucción de puestos de trabajo, millones de personas han perdido o han experimentado un grave quebranto de su medio de vida como consecuencia de la rampante desertización y deforestación, las inundaciones y la erosión del suelo.
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lunes, 19 de enero de 2015
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