En los casos en que el organismo regulador está facultado para adoptar medidas de ordenación ambiental (por ejemplo, mediante un sistema de autorización previa), en el ordenamiento legal también se suelen conferir a dicho organismo facultades ejecutivas. Existen diversos medios que van desde la imposición de sanciones monetarias (por ejemplo, multa por cada día de incumplimiento) hasta la adopción de las medidas exigidas
(por ejemplo, la colocación de filtros) a expensas de la entidad requerida, al cierre de la instalación por incumplimiento de los mandatos administrativos, etc.
En todos los ordenamientos jurídicos se establecen vías de impugnación de estos mandatos por parte de los obligados a cumplirlos. Igualmente importante es prever la posibilidad de que otros interesados (como las ONG representativas del interés público) impugnen las decisiones del organismo regulador. En este último caso, no sólo las acciones, sino también las omisiones de la Administración resultan impugnables.
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