Superficies calientes

En la práctica, las superficies de aparatos y mecanismos pueden calentarse, tanto en condiciones normales como por avería, hasta alcanzar temperaturas peligrosas. Así, hornos, estufas, secadores, salidas de gas residual, conductos de gas, etc., pueden originar incendios en espacios con aire explosivo. Además, las superficies calientes pueden provocar la combustión de materiales combusti- bles próximos o en contacto con ellas. Como medida preventiva debe mantenerse una distancia de seguridad y realizar una supervisión y un mantenimiento regulares para reducir la probabilidad de que se presente un sobrecalentamiento peligroso.

Energía calorífica mecánica

En la práctica industrial la fricción está siempre presente. En las operaciones mecánicas se desarrolla calor por fricción y, si la disipación de calor se ve obstaculizada y el calor se acumula en el sistema, la temperatura puede alcanzar valores peligrosos, llegando a originar un incendio.
Las chispas por fricción pueden producirse por la fricción de metales (pulido, troceado, desbastado, corte, golpeado), al caer objetos o herramientas metálicas a un suelo duro o durante las operaciones de pulido, cuando el material presenta contaminaciones metálicas. La temperatura de la chispa generada suele ser superior a la temperatura de ignición de los materiales combusti- bles convencionales (chispas en acero, 1.400-1.500 C o chispas en aleaciones de cobre-níquel, 300-400 C); sin embargo, la capacidad de ignición depende de la cantidad total de calor producido y de la energía de ignición mínima del material. En la práctica, se ha demostrado que las chispas por fricción significan un riesgo real de incendio en espacios abiertos con gases, vapores y polvos combustibles en concentraciones peligrosas. En tales circunstancias debe evitarse la utilización de materiales que produzcan fácilmente chispas o procesos mecánicos con producción de chispas. Por ello y para mayor seguridad, se utilizarán herramientas de madera, piel o plástico, o de aleaciones de cobre y bronce, que producen chispas de baja energía.

Introducción a los peligros eléctricos (I)

La operación adecuada de las instalaciones eléctricas exige que la maquinaria, el equipo y las líneas y circuitos eléctricos estén protegidos de los peligros causados tanto por factores internos
(es decir, que surgen dentro de la instalación) como externos
(Andreoni y Castagna 1983).
Las causas internas comprenden:

• tensiones excesivas;
• cortocircuitos;
• modificación de la forma de onda de la corriente;
• inducción;
• interferencia;
• corrientes excesivas;
• corrosión, que provoca fugas de corriente eléctrica a tierra;
• calentamiento de materiales conductores y aislantes, que pueden producir quemaduras en el operador, emisiones de gases tóxicos, incendio de componentes y, en atmósferas infla- mables, explosiones;
• fugas de líquidos aislantes, como el aceite,
• generación de hidrógeno o de otros gases que favorezcan la formación de mezclas explosivas.

Cada combinación peligro-equipo exige medidas protectoras específicas, algunas de las cuales son obligatorias en virtud de leyes o de reglamentos técnicos internos. Los fabricantes tienen la responsabilidad de conocer las estrategias técnicas específicas capaces de reducir riesgos.

PREVENCION Y NORMAS: Peligros y medidas preventivas en instalaciones eléctricas

Los numerosos componentes que forman parte de las instalaciones eléctricas presentan diversos grados de robustez. Pero con independencia de su inherente fragilidad, todos tienen que funcionar con fiabilidad en condiciones inclementes. Por desgracia, aun en las mejores circunstancias, el equipo eléctrico está sujeto a fallos susceptibles de ocasionar lesiones a las personas o daños materiales.
El funcionamiento seguro de las instalaciones eléctricas es el resultado de un buen diseño inicial, no la mera actualización debida a los sistemas seguridad. Tal afirmación es un corolario del hecho de que mientras la corriente circula a la velocidad de la luz, todos los sistemas electromecánicos y electrónicos presentan retardos de reacción provocados sobre todo por la inercia térmica, la inercia mecánica y las condiciones de mantenimiento. Los retardos, cualesquiera que sean sus orígenes, son lo bastante duraderos para que las personas puedan sufrir lesiones, y el equipo, daños (Lee, CapelliSchellpfeffer y Kelly
1994; Lee, Cravalho y Burke 1992; Kane y Sternheim 1978.)
Es esencial que el equipo sea instalado y mantenido por personal cualificado. Se debe subrayar que es preciso establecer medidas técnicas que garanticen el funcionamiento seguro de las instalaciones y al mismo tiempo protejan al personal y al equipo.

Peligros eléctricos en atmósferas pulverulentas

El polvo fino que entra en las máquinas y en el equipo eléctrico produce abrasión, sobre todo de las piezas móviles. El polvo conductor puede provocar también cortocircuitos, mientras que el polvo aislante interrumpe el paso de corriente y aumenta la resistencia de contacto. Las acumulaciones de polvo fino o grueso alrededor de las cajas de equipo son depósitos potenciales de humedad y agua. El polvo seco es un aislante térmico, que reduce la dispersión del calor y aumenta la temperatura local; este aumento puede dañar los circuitos eléctricos y provocar incendios
o explosiones.
Se deben instalar sistemas estancos al agua y a prueba de explosión en emplazamientos industriales o agrícolas donde se lleven a cabo procesos en que intervengan polvos.

Detección selectiva de afecciones prevalentes

Ofrecer atención médica a las personas afectadas es una reacción natural ante un accidente que puede haberlas dañado. El intento de identificar a todos aquellos individuos de una población expuesta que padezcan enfermedades relacionadas con el acci- dente (y ofrecerles atención médica, si la necesitan) responde al concepto convencional de detección selectiva. Los principios básicos, las posibilidades y las limitaciones de cualquier programa de detección selectiva (independientemente de la población a que se dirija, la enfermedad que haya que identificar o la herramienta utilizada como prueba diagnóstica) tienen tanta validez ante un accidente ambiental como en cualquier otra circunstancia (Morrison 1985).
Tan importante como estimar la participación y comprender las razones de la falta de respuesta es medir la sensibilidad, adecuación y valor predictivo de la prueba o pruebas diagnós- ticas, diseñar un protocolo para procedimientos diagnósticos posteriores (si es necesario) y administrar la terapia (en su caso). Si no concede suficiente importancia a estos principios, los programas de detección selectiva a corto o largo plazo pueden resultar más perjudiciales que beneficiosos. Efectuar análisis médicos o de laboratorio innecesarios es malgastar recursos y desviarlos del suministro de la asistencia necesaria al conjunto de la población. Hay que planificar y evaluar cuidadosamente los procedimientos para garantizar un alto nivel de atención a estos principios.
Las reacciones emocionales y las incertidumbres que rodean los accidentes ambientales pueden complicar aún más las cosas: los médicos tienden a la vaguedad en el diagnóstico de enferme- dades limítrofes, y algunas “víctimas” pueden considerarse con derecho a tratamiento médico, independientemente de si lo necesitan o de si les es útil. A pesar del caos que suele seguir a un accidente ambiental, hay que tener presentes algunas condiciones sine qua non para cualquier programa de detección selectiva:

1. los procedimientos deben recogerse en un protocolo escrito
(incluidas las pruebas diagnósticas de segundo grado y la terapia que se aplicará a las personas afectadas o enfermas);
2. debe designarse un responsable del programa;
3. debe hacerse una estimación preliminar de la adecuación y sensibilidad de la prueba diagnóstica;
4. debe existir coordinación entre los médicos que participen en el programa,
5. las tasas de participación deben cuantificarse y revisarse a intervalos regulares.

Efectuar algunas estimaciones previas de la eficacia del programa en su conjunto ayudaría también a decidir si merece o no la pena aplicarlo (por ejemplo, no es conveniente fomentar ningún programa de anticipación del diagnóstico del cáncer de pulmón). Asimismo, debe crearse un procedimiento encaminado a reco- nocer otras quejas.
En cualquier fase, los procedimientos de detección selectiva pueden tener otra utilidad: estimar la prevalencia de las enfer- medades, como base para evaluar las consecuencias del acci- dente. Una fuente importante de sesgos en estas estimaciones
(que se acentúa con el tiempo) es la representatividad de las personas expuestas que se someten a los procedimientos de diag- nóstico. Otro problema es la identificación de grupos de control adecuados para comparar las estimaciones de prevalencia obte- nidas. Los controles efectuados entre la población pueden estar sujetos a sesgos tanto en la selección como en la muestra de personas expuestas. Con todo, en algunas circunstancias, los estudios de prevalencia son de la mayor importancia (especialmente cuando no se conoce la historia natural de la enfermedad, como en el caso del SAT), y pueden utilizarse grupos de control exteriores al estudio, incluidos los reunidos en otros lugares para otros objetivos, cuando el problema es importante o grave.

Estudios epidemiológicos específicos

Ni siquiera en zonas cubiertas por precisos sistemas de vigilancia de los motivos de los ingresos hospitalarios y de las consultas médicas, los indicadores ofrecerán toda la información necesaria para evaluar la repercusión de un accidente sobre la salud ni la adecuación de la respuesta médica al mismo. Hay afecciones concretas o indicadores de respuesta individual que no requieren el contacto con los servicios médicos, o no se corresponden con las clasificaciones de enfermedad utilizadas habitualmente en las estadísticas (de forma que su aparición no sería detectable). Puede ser necesario considerar “víctimas” del accidente a personas en condiciones limítrofes entre la aparición y la no aparición de la enfermedad. Con frecuencia, es necesario investigar la gama de protocolos terapéuticos utilizada (y evaluar su eficacia). En este artículo se expone sólo una muestra de los problemas que pueden plantearse y hacer necesaria una investigación específica. En cualquier caso, deben establecerse procedimientos para recibir otras quejas.
La investigación difiere de la atención sanitaria en el sentido de que no está directamente relacionada con el interés de una persona en tanto que víctima de un accidente. Una investigación específica debe plantearse de forma que cumpla sus objetivos: ofrecer una información fiable y demostrar o rechazar una hipótesis. El muestreo puede ser razonable a los efectos de una investigación (si es aceptada por la población afectada), pero no para la atención médica. Por ejemplo, en caso de derrame de un agente que se sospeche pueda dañar la médula ósea, hay dos escenarios totalmente diferentes a la hora de responder a las dos preguntas siguientes: a) si la sustancia química induce realmente la leucopenia, y b) si todas las personas expuestas han sido sometidas a una detección exhaustiva de leucopenia. En un marco laboral, puede darse respuesta a las dos preguntas. En una población, la decisión dependerá también de las posibilidades de una intervención útil para tratar a los afectados.
En principio, hay que contar con un nivel suficiente de capacidad epidemiológica local para decidir si deben realizarse estu- dios específicos y, en caso afirmativo, diseñarlos y supervisar su puesta en funcionamiento. Ahora bien, las autoridades sanita- rias, los medios de comunicación o la población pueden no considerar neutrales a los epidemiólogos de la zona; así, puede ser necesario recurrir a ayuda externa, incluso en una fase muy temprana. Los mismos epidemiólogos deberían contribuir a la interpretación de los datos descriptivos basados en las estadísticas disponibles, y al desarrollo de hipótesis causales si es necesario. Si la zona no dispone de epidemiólogos, será necesaria la colaboración de otros organismos (normalmente los institutos nacionales de salud o la OMS). Son de lamentar los episodios debidos a la falta de capacidad epidemiológica.
En cualquier caso, si se considera necesario un estudio epidemiológico, hay que responder a algunas preguntas preliminares:
¿cómo se utilizarán los resultados previsibles? ¿Puede el deseo de una deducción más refinada retrasar indebidamente los procedimientos de limpieza u otras medidas preventivas? ¿Debe el equipo científico interdisciplinario (y tal vez otros epidemiólogos) documentar y evaluar previamente el programa de investigación propuesto? ¿Se dará a las personas que van a ser estudiadas una información detallada para garantizar su autori- zación plenamente informada, previa y voluntaria? Si se demuestra la existencia de un efecto sobre la salud, ¿qué trata- mientos están disponibles y cómo se aplicarán?
Por último, si el accidente ha sido grave y hay razones para temer consecuencias posteriores, deberían llevarse a cabo estudios de cohortes de mortalidad prospectivos. La viabilidad de dichos estudios difiere de un país a otro. En Europa, varían entre la posibilidad de “señalizar” nominalmente a las personas (como en las poblaciones rurales de Shetland, Reino Unido, tras el derrame de Braer Oil) y la necesidad de contactos sistemáticos con las familias de las víctimas para identificar a las personas moribundas (por ejemplo, el SAT, en España).