Ni siquiera en zonas cubiertas por precisos sistemas de vigilancia de los motivos de los ingresos hospitalarios y de las consultas médicas, los indicadores ofrecerán toda la información necesaria para evaluar la repercusión de un accidente sobre la salud ni la adecuación de la respuesta médica al mismo. Hay afecciones concretas o indicadores de respuesta individual que no requieren el contacto con los servicios médicos, o no se corresponden con las clasificaciones de enfermedad utilizadas habitualmente en las estadísticas (de forma que su aparición no sería detectable). Puede ser necesario considerar “víctimas” del accidente a personas en condiciones limítrofes entre la aparición y la no aparición de la enfermedad. Con frecuencia, es necesario investigar la gama de protocolos terapéuticos utilizada (y evaluar su eficacia). En este artículo se expone sólo una muestra de los problemas que pueden plantearse y hacer necesaria una investigación específica. En cualquier caso, deben establecerse procedimientos para recibir otras quejas.
La investigación difiere de la atención sanitaria en el sentido de que no está directamente relacionada con el interés de una persona en tanto que víctima de un accidente. Una investigación específica debe plantearse de forma que cumpla sus objetivos: ofrecer una información fiable y demostrar o rechazar una hipótesis. El muestreo puede ser razonable a los efectos de una investigación (si es aceptada por la población afectada), pero no para la atención médica. Por ejemplo, en caso de derrame de un agente que se sospeche pueda dañar la médula ósea, hay dos escenarios totalmente diferentes a la hora de responder a las dos preguntas siguientes: a) si la sustancia química induce realmente la leucopenia, y b) si todas las personas expuestas han sido sometidas a una detección exhaustiva de leucopenia. En un marco laboral, puede darse respuesta a las dos preguntas. En una población, la decisión dependerá también de las posibilidades de una intervención útil para tratar a los afectados.
En principio, hay que contar con un nivel suficiente de capacidad epidemiológica local para decidir si deben realizarse estu- dios específicos y, en caso afirmativo, diseñarlos y supervisar su puesta en funcionamiento. Ahora bien, las autoridades sanita- rias, los medios de comunicación o la población pueden no considerar neutrales a los epidemiólogos de la zona; así, puede ser necesario recurrir a ayuda externa, incluso en una fase muy temprana. Los mismos epidemiólogos deberían contribuir a la interpretación de los datos descriptivos basados en las estadísticas disponibles, y al desarrollo de hipótesis causales si es necesario. Si la zona no dispone de epidemiólogos, será necesaria la colaboración de otros organismos (normalmente los institutos nacionales de salud o la OMS). Son de lamentar los episodios debidos a la falta de capacidad epidemiológica.
En cualquier caso, si se considera necesario un estudio epidemiológico, hay que responder a algunas preguntas preliminares:
¿cómo se utilizarán los resultados previsibles? ¿Puede el deseo de una deducción más refinada retrasar indebidamente los procedimientos de limpieza u otras medidas preventivas? ¿Debe el equipo científico interdisciplinario (y tal vez otros epidemiólogos) documentar y evaluar previamente el programa de investigación propuesto? ¿Se dará a las personas que van a ser estudiadas una información detallada para garantizar su autori- zación plenamente informada, previa y voluntaria? Si se demuestra la existencia de un efecto sobre la salud, ¿qué trata- mientos están disponibles y cómo se aplicarán?
Por último, si el accidente ha sido grave y hay razones para temer consecuencias posteriores, deberían llevarse a cabo estudios de cohortes de mortalidad prospectivos. La viabilidad de dichos estudios difiere de un país a otro. En Europa, varían entre la posibilidad de “señalizar” nominalmente a las personas (como en las poblaciones rurales de Shetland, Reino Unido, tras el derrame de Braer Oil) y la necesidad de contactos sistemáticos con las familias de las víctimas para identificar a las personas moribundas (por ejemplo, el SAT, en España).
La investigación difiere de la atención sanitaria en el sentido de que no está directamente relacionada con el interés de una persona en tanto que víctima de un accidente. Una investigación específica debe plantearse de forma que cumpla sus objetivos: ofrecer una información fiable y demostrar o rechazar una hipótesis. El muestreo puede ser razonable a los efectos de una investigación (si es aceptada por la población afectada), pero no para la atención médica. Por ejemplo, en caso de derrame de un agente que se sospeche pueda dañar la médula ósea, hay dos escenarios totalmente diferentes a la hora de responder a las dos preguntas siguientes: a) si la sustancia química induce realmente la leucopenia, y b) si todas las personas expuestas han sido sometidas a una detección exhaustiva de leucopenia. En un marco laboral, puede darse respuesta a las dos preguntas. En una población, la decisión dependerá también de las posibilidades de una intervención útil para tratar a los afectados.
En principio, hay que contar con un nivel suficiente de capacidad epidemiológica local para decidir si deben realizarse estu- dios específicos y, en caso afirmativo, diseñarlos y supervisar su puesta en funcionamiento. Ahora bien, las autoridades sanita- rias, los medios de comunicación o la población pueden no considerar neutrales a los epidemiólogos de la zona; así, puede ser necesario recurrir a ayuda externa, incluso en una fase muy temprana. Los mismos epidemiólogos deberían contribuir a la interpretación de los datos descriptivos basados en las estadísticas disponibles, y al desarrollo de hipótesis causales si es necesario. Si la zona no dispone de epidemiólogos, será necesaria la colaboración de otros organismos (normalmente los institutos nacionales de salud o la OMS). Son de lamentar los episodios debidos a la falta de capacidad epidemiológica.
En cualquier caso, si se considera necesario un estudio epidemiológico, hay que responder a algunas preguntas preliminares:
¿cómo se utilizarán los resultados previsibles? ¿Puede el deseo de una deducción más refinada retrasar indebidamente los procedimientos de limpieza u otras medidas preventivas? ¿Debe el equipo científico interdisciplinario (y tal vez otros epidemiólogos) documentar y evaluar previamente el programa de investigación propuesto? ¿Se dará a las personas que van a ser estudiadas una información detallada para garantizar su autori- zación plenamente informada, previa y voluntaria? Si se demuestra la existencia de un efecto sobre la salud, ¿qué trata- mientos están disponibles y cómo se aplicarán?
Por último, si el accidente ha sido grave y hay razones para temer consecuencias posteriores, deberían llevarse a cabo estudios de cohortes de mortalidad prospectivos. La viabilidad de dichos estudios difiere de un país a otro. En Europa, varían entre la posibilidad de “señalizar” nominalmente a las personas (como en las poblaciones rurales de Shetland, Reino Unido, tras el derrame de Braer Oil) y la necesidad de contactos sistemáticos con las familias de las víctimas para identificar a las personas moribundas (por ejemplo, el SAT, en España).
No hay comentarios:
Publicar un comentario