Catástrofes “propias del desarrollo”

Los modelos emergentes de industrialización, junto con la modernización de la agricultura en los países en desarrollo, requieren la aplicación y utilización de tecnología y productos importados o adoptados en contextos muy distintos de aquellos para los que se había previsto inicialmente su uso. Ante las estrictas normativas de los países industrializados, las empresas exportan las actividades peligrosas a zonas del mundo en que las medidas para la protección del medio ambiente y de la salud pública son menos rigurosas. Las actividades industriales se concentran en emplazamientos urbanos ya existentes, y contribuyen de forma significativa a la presión ocasionada por la superpoblación y la insuficiencia de servicios públicos. Estas actividades se distribuyen entre un sector pequeño, altamente organizado, y un sector grande y desorganizado; los controles obligatorios relativos a la seguridad de los trabajadores y del medio ambiente son menos estrictos en este último (Krishna Murti 1987). Un ejemplo es el de Pakistán, país en que, de los 7.500 agricultores participantes en un programa de control de la malaria en 1976 hasta 2.800 experimentaban alguna forma de intoxicación (Baker y cols. 1978). Se ha estimado que se producen unos 500.000 envenenamientos agudos por pesticidas al año, que ocasionan unas 9.000 muertes, y que sólo en torno al 1 % de los casos mortales se registran en países industrializados, a pesar de consumir el 80 % de la producción agroquímica total del mundo (Jeyaratnam 1985).
Se argumenta también que las sociedades en desarrollo arrastran una doble carga, en vez de verse aliviadas del fardo del subdesarrollo. De hecho, es posible que a las consecuencias del subdesarrollo se estén sumando las de una industrialización incorrecta (Krishna Murti 1987). Así, parece apremiante reforzar la cooperación internacional en tres ámbitos: investigación científica, salud pública y políticas de emplazamiento y seguridad industriales.